Eliminado el idioma español en las Baleares
Poco a poco los seguidores de Hitler van eliminando las más elementales libertades. Sólo unos pocos levantan su voz para oponerse a los nacionalsocialistas.
Hoy, en El Mundo, leemos:
El Gobierno que preside el socialista Francesc Antich está impulsando una política de normalización lingüística que pretende expulsar al español de la vida pública e imponer el catalán en todos los ámbitos políticos y administrativos de la sociedad balear.
Un folleto que resume la política del Gobierno balear informa de que el uso del catalán es de obligado seguimiento en la Administración, las relaciones laborales y profesionales y las instituciones y relega al español «al ámbito personal e informal», sugiriendo que es un idioma para hablar en casa.
En lo que respecta a la calle, el Gobierno anuncia que todos los carteles, rotulaciones y señalizaciones públicas serán exclusivamente en catalán, lo que obligará a cambiar las que ahora están en los dos idiomas, que son la mayoría. La ilustración del folleto en la que se tacha la señalización en ambas lenguas lo dice todo, al igual que cuando se advierte que «no es poden fer versions bilingües».
El catalán será también la lengua de atención al público en la Administración autonómica -excepto si alguien se empeña en usar el español-, todas las publicaciones oficiales deberán ser en catalán, los altos cargos de la comunidad sólo podrán expresarse en catalán y cualquier empresa que aspire a un contrato oficial deberá presentar su oferta y su material en catalán.
Ni siquiera el Estatuto de Cataluña había llegado tan lejos en esta política de normalización, que pretende también que para ejercer la medicina en un hospital público haya que hablar un perfecto catalán, cerrando las puertas a quienes no se expresen en esta lengua.
Hay que reconocer que algunas de estas obligaciones que ahora se quieren imponer ya estaban en un decreto de 1990, aprobado en la etapa de Gabriel Cañellas, que dio los primeros pasos para la implantación de un bilingüísmo que pretendía paliar el dominio del español.
Los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE apostaron por un modelo de equilibrio entre el español y el catalán que ahora quiere romper la coalición de seis partidos que apoya al Gobierno de Antich, entre los que figuran ERC y el PSM, dos fuerzas independentistas.
Las tesis nacionalistas más radicales se han impuesto en este Gobierno, que apuesta ya sin disimulo por eliminar el castellano de los colegios públicos y establecer un modelo único de enseñanza en catalán, en el que el español es equiparado al inglés.
La situación ha llegado a ser tan grotesca que las Juventudes del PSM han llegado a pedir la dimisión de Margarita Nájera, portavoz del Gobierno del que forman parte, por el hecho de que habitualmente se expresa en castellano, como lo hace una parte importante de la población balear.
El principal opositor a esta política que sigue los pasos de Cataluña y el País Vasco es Carlos Delgado, alcalde de Calviá y dirigente del PP, que ha denunciado estos abusos sin el respaldo de un sector de su partido, que prefiere no significarse en este asunto.
Decía recientemente Antich que los médicos que no sepan catalán tendrán que «aprenderlo por el camino». La frase ilustra sobre la mentalidad autoritaria e inquisitorial que hay detrás de una política que debería dar vengüenza a quien todavía se llama socialista. Antich está siguiendo los pasos de Montilla y Touriño en Cataluña y Galicia, lo que suscita la incógnita de qué quiso decir Zapatero el pasado sábado cuando afirmó que «gobernar España es cohesionarla».
Hoy, en El Mundo, leemos:
El Gobierno que preside el socialista Francesc Antich está impulsando una política de normalización lingüística que pretende expulsar al español de la vida pública e imponer el catalán en todos los ámbitos políticos y administrativos de la sociedad balear.
Un folleto que resume la política del Gobierno balear informa de que el uso del catalán es de obligado seguimiento en la Administración, las relaciones laborales y profesionales y las instituciones y relega al español «al ámbito personal e informal», sugiriendo que es un idioma para hablar en casa.
En lo que respecta a la calle, el Gobierno anuncia que todos los carteles, rotulaciones y señalizaciones públicas serán exclusivamente en catalán, lo que obligará a cambiar las que ahora están en los dos idiomas, que son la mayoría. La ilustración del folleto en la que se tacha la señalización en ambas lenguas lo dice todo, al igual que cuando se advierte que «no es poden fer versions bilingües».
El catalán será también la lengua de atención al público en la Administración autonómica -excepto si alguien se empeña en usar el español-, todas las publicaciones oficiales deberán ser en catalán, los altos cargos de la comunidad sólo podrán expresarse en catalán y cualquier empresa que aspire a un contrato oficial deberá presentar su oferta y su material en catalán.
Ni siquiera el Estatuto de Cataluña había llegado tan lejos en esta política de normalización, que pretende también que para ejercer la medicina en un hospital público haya que hablar un perfecto catalán, cerrando las puertas a quienes no se expresen en esta lengua.
Hay que reconocer que algunas de estas obligaciones que ahora se quieren imponer ya estaban en un decreto de 1990, aprobado en la etapa de Gabriel Cañellas, que dio los primeros pasos para la implantación de un bilingüísmo que pretendía paliar el dominio del español.
Los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE apostaron por un modelo de equilibrio entre el español y el catalán que ahora quiere romper la coalición de seis partidos que apoya al Gobierno de Antich, entre los que figuran ERC y el PSM, dos fuerzas independentistas.
Las tesis nacionalistas más radicales se han impuesto en este Gobierno, que apuesta ya sin disimulo por eliminar el castellano de los colegios públicos y establecer un modelo único de enseñanza en catalán, en el que el español es equiparado al inglés.
La situación ha llegado a ser tan grotesca que las Juventudes del PSM han llegado a pedir la dimisión de Margarita Nájera, portavoz del Gobierno del que forman parte, por el hecho de que habitualmente se expresa en castellano, como lo hace una parte importante de la población balear.
El principal opositor a esta política que sigue los pasos de Cataluña y el País Vasco es Carlos Delgado, alcalde de Calviá y dirigente del PP, que ha denunciado estos abusos sin el respaldo de un sector de su partido, que prefiere no significarse en este asunto.
Decía recientemente Antich que los médicos que no sepan catalán tendrán que «aprenderlo por el camino». La frase ilustra sobre la mentalidad autoritaria e inquisitorial que hay detrás de una política que debería dar vengüenza a quien todavía se llama socialista. Antich está siguiendo los pasos de Montilla y Touriño en Cataluña y Galicia, lo que suscita la incógnita de qué quiso decir Zapatero el pasado sábado cuando afirmó que «gobernar España es cohesionarla».


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